Andenes
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BANCO DE PROBLEMAS

Colombia en silla de ruedas

El desplazamiento de los SEP (Sujetos de Especial Protección) por las ciudades colombianas supone una odisea cada día. La movilidad es un gran limitante, una segregación silenciosa.

De acuerdo con el censo de 2018, el 7.2% de los colombianos tiene algún tipo de discapacidad. Esto equivale a 3276.000 colombianos  y por tanto, millones de familias que son perjudicadas por la falta de medios óptimos para transitar con por sí mismos o por sus seres queridos.

Me dispongo a contextualizar y plantear la razón de esta problemática a través de tres ramas: urbanística, política y cultural.

Si bien se designa cada año un presupuesto para suplir la movilidad de los SEP, estos recursos no se distribuyen de manera estratégica ni uniforme. Ejemplos como las rampas que se construyeron en Barranquilla, las cuales son demasiado empinadas para una persona en silla de ruedas, o el asensor en la estación Hospital del metro de Medellín que está en constante avería, o ciudades como Pasto en el sur-occidente colombiano donde se permite que los propietarios de las casas desnivelen el estrecho andén público para hacer el pasillo de su auto hacia el garaje, o incluso, Cúcuta, ciudad en la que hay 60 muertos anuales por accidentes de tráfico y cuyos gradas para acceder al anden miden casi medio metro, son todas muestras de la poca comprensión que se ha prestado a estas personas cuando se levantaron las estructuras que son nuestras ciudades.

Ni siquiera los documentos oficiales que nuestros supervisores electos presentan ante el estado (nosotros) respecto a estas dificultades son una promesa sólida de adaptación para los SEP. Según el número 1 del Plan Desarrollo de 2016 del Concejo Municipal de Zipaquirá, dicho año se gestionaría la “Conformación y funcionamiento del Banco de ayudas técnicas a la población en condición de discapacidad. (Diversamente hábiles).” (Concejo Municipal de Zipaquirá, Acuerdo Nº1 de 2016), proyecto que no se llevó a cabo. Esto supone una violación a sus derechos dado que la ley estatutaria 1618, aprobada por el Congreso colombiano el día 27 de febrero de 2013, estipula que el estado debe garantizar a esta minoría la misma accesibilidad y oportunidades que a los demás, no importa si son el 2.3%, incluso si fueran un menor porcentaje de población está en obligación del estado dar el acceso propicio a servicios, procesos, garantía plena de sus derechos básicos y por tanto, evitar que se los segregue de cualquier manera.

La falta de cultura ciudadana empeora aún más la situación. Gente que se sube al ascensor primero que el SEP, puestos de comida puestos justo en el único lugar de paso disponible, carros estacionados frente a las rampas (de la mismísima Universidad de los Andes), líneas de braille reglamentario del andén que se desgastan con las pisadas de la gente. Y resulta que no es porque la gente lo haga a propósito, si no porque no saben. Yo misma me atrevo a decir que no estaría tan consciente si no hubiera llegado a mi vida mi hermana Melissa; una niña con epilepsia, hipotonía, y una escoliosis que a su vez comparte con mi madre. En resumen, casi nunca salimos de casa.

Cierro este ciclo conectando la última rama mencionada con la primera. ¿Y qué tendrá que ver la cultura con la estructura urbana? El hecho de que si las personas que construyen tuvieran esta conciencia, por lo menos la inclinación de las rampas sería muy diferente… y ojalá que un día la sociedad que recibe a estas minorías (en muchos casos prodigiosas), también.

    Recommend0 recommendationsPublished in Ciudades y Comunidades Sostenibles, Reducción de las Desigualdades